03
septiembre

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres manifiesta su preocupación ante los hechos de público conocimiento ocurridos en la localidad de Tartagal contra una médica, que en horas de la mañana se requirió su detención, siendo la única profesional no objetora de conciencia del Hospital Juan Domingo Perón que garantizó el acceso a la interrupción legal del embarazo.

La profesional ha procedido desde los marcos normativos vigentes, respaldada por un equipo interdisciplinario que dejó constancia de todas las actuaciones en la historia clínica correspondiente, con transparencia activa y respetando los principios de autonomía y derecho a la salud de la persona que solicitó la ILE.

Siendo la única profesional no objetora de conciencia del Hospital Juan Domingo Perón que garantiza el cumplimiento efectivo de los derechos consagrados por la Ley 27610 preocupa que estas prácticas puedan afectar los derechos de las mujeres y personas gestantes e infundan temor en el resto de las y los profesionales de la salud que garantizan que los mismos sean cumplidos.

La Ley N° 27610 de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es de orden público y de cumplimiento obligatorio respondiendo a los compromisos asumidos por el Estado en garantizar los derechos humanos de las personas gestantes y de las mujeres en particular. En su artículo 4to especifica que fuera del plazo de catorce (14) semanas “…la persona gestante tiene derecho a decidir y acceder a la interrupción de su embarazo solo en las siguientes situaciones: a) Si el embarazo fuere resultado de una violación, con el requerimiento y la declaración jurada pertinente de la persona gestante, ante el personal de salud interviniente. En los casos de niñas menores de trece (13) años de edad, la declaración jurada no será requerida; b) Si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.”

Es preciso recordar, que la CIDH, en el Informe sobre la situación de las defensoras y defensores de los derechos humanos reconoció que promover y proteger los derechos de otras mujeres agrava la situación de riesgo que sufren las defensoras, a la vez que las expone a un factor más de discriminación entre las múltiples discriminaciones de las que son víctimas las mujeres.