Sobre la integridad de los funcionarios públicos


Tras ser informado por letradas del Instituto Jurídico de Género, el Observatorio Rosana Alderete intervino manifestando su preocupación a la Corte de Justicia y solicitando las medidas correspondientes.


En relación a las manifestaciones en torno al caso de un magistrado imputado por una Fiscalía Penal de Violencia de Género, el Directorio del Observatorio de Violencia contra las Mujeres Rosana Alderete informa que, en oportunidad de tomar conocimiento del tema por una letrada del Instituto Jurídico de Género, se dirigió a la Corte de Justicia para manifestar su preocupación por el carácter de funcionario público del imputado, que en tanto Juez en función de sus competencias, interviene cotidianamente en juicios sobre amenazas, lesiones y otros delitos, muchos de los cuales son sufridos por mujeres a raíz de la violencia machista.

En su solicitud, el Observatorio Rosana Alderete recordó la existencia de un conjunto de normas con rango constitucional que protege a las víctimas de violencia de género, debido al carácter estructural de la desigualdad entre varones y mujeres. El artículo N° 7 de la Convención de Belem do Pará expresa que es deber del Estado “establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos” y “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”; y en su artículo N° 8, dicha norma incita a “condenar todas las formas de violencia contra la mujer y convienen en adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia”.

Por otra parte, la Recomendación N° 2 del Observatorio que se dio a conocer el pasado 23 de mayo, exhorta a establecer normativamente como requisito para acceder y/o permanecer en cargos públicos en carácter de funcionario público, no registrar antecedentes de violencia familiar, de género o contra las mujeres, en todos sus tipos y modalidades, cuestión que también tiene validez para funcionarios que están en ejercicio.

En la solicitud, el Observatorio resaltó la reciente aprobación por parte de la Corte de Justicia provincial del Código Iberoamericano de Ética Judicial (Acordada N° 12128) que vincula el desempeño público con la conducta del magistrado en la esfera personal, a través del concepto de integridad, definida en los artículos 53, 54 y 55 del Capitulo VIII, y pidió a la Corte la adopción de medidas pertinentes a la protección de los derechos de las víctimas que pudieran estar afectadas, habiéndose iniciado actuaciones en ese ámbito a partir de nuestro requerimiento.

El Observatorio Rosana Alderete

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres Rosana Alderete es un ente técnico, autárquico y autónomo, destinado al monitoreo, recolección, producción, registro y sistematización de datos e información sobre la violencia contra las mujeres en la provincia de Salta.

Tiene por misión el desarrollo de un sistema de información permanente que brinde insumos para el diseño, implementación y gestión de políticas públicas tendientes a la prevención y erradicación de la violencia contra las mujeres.


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