11
agosto

Acciones para garantizar el acceso a la IVE

Desde el Observatorio de Violencia contra las Mujeres recomendaron al  Poder Ejecutivo que a través del Ministerio de Salud Pública se garantice el cumplimiento efectivo en los establecimientos de salud del “Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción voluntaria y legal del embarazo” edición 2021.

Asimismo, el OVcM junto a la Mesa IVE Salta, integrada por Socorro Rosa; el Consultorio de Salud Sexual y al Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir, presentan una campaña informativa junto a un formulario anónimo para llevar adelante un registro de experiencias frente a la interrupción voluntaria del embarazo en Salta: https://forms.gle/myhXtqho18NRtxLX6

El Observatorio de Violencia contra las Mujeres, conforme a sus funciones hizo entrega al Ejecutivo Provincial de la Recomendación N° 11 la misma se encuentra en la página web: ovcmsalta.gob.ar, con miras a que la provincia garantice el cumplimiento efectivo del “Protocolo para la atención Integral de las personas con Derecho a la Interrupción Legal del Embarazo.” Edición 2021.

Mediante esta acción el organismo apunta a que la provincia a que se garanticen los derechos de las personas con capacidad de gestar de acuerdo a los principios rectores de autonomía, transparencia activa, accesibilidad, no judicialización, confidencialidad, privacidad y celeridad.

Asimismo desde la Mesa IVE Salta, lanzaron una campaña que brinda información sobre los derechos de las personas que deseen acceder a la información voluntaria del embarazo junto a un formulario de registro donde se podrá dar cuenta de la experiencias de quienes solicitaron la IVE en la provincia de Salta: https://forms.gle/myhXtqho18NRtxLX6

El formulario va a permitir conocer las experiencias en torno a la interrupción voluntaria del embarazo. Los datos sobre posibles obstáculos son una herramienta tanto para generar recomendaciones para la implementación de mejoras en las políticas públicas como para alertar al gobierno provincial sobre vulneraciones a los derechos de las personas gestantes y violencias contempladas en la Ley Nacional 26.485.